Hoy, 18 de abril, el gobierno de Mariano Rajoy ha presentado
la propuesta de repago farmacéutico (me niego a llamar copago a lo que ya está
pagado con las cotizaciones e impuestos) y que afecta a pensionistas y
jubilados, sectores sociales que por edad y condición física padecemos mayor
número de dolencias y visitas médicas.
¿Por qué considero injusta una medida que, supuestamente,
aliviará el tan temido déficit del Estado?: Porque la sociedad española está
siendo soportada por la mal llamada tercera edad, esos jubilados y prejubilados
que con sus pensiones contribuyen al sostenimiento de la economía familiar de
hijos y nietos, padres y hermanos, que se encuentran en una situación precaria,
bien sea por la pérdida de empleos, pérdida de poder adquisitivo, avales
bancarios con sus propiedades (que a
veces les llevan a perder incluso su propio hogar), cuidado de los
nietos y asistencia a personas mayores.
La sociedad española debiera mostrar su agradecimiento a
todas estas personas de las que se abusa sin piedad y son un valor incalculable
despreciado por todos, como si fueran unos parásitos sociales que cobran sin
aportar nada.
Hoy el Gobierno ha vuelto a demostrar su absoluta falta de
respeto, y vergüenza, atacando a este sector poblacional, faltando además a sus
propuestas de no incluir estas medidas durante su período de mandato.
Debo dejar claro desde el primer momento, que las propuestas
que iré desgranando no me son aplicables, y que en modo alguno las pongo sobre
la pantalla con la intención de beneficiarme de ellas, y esto por dos razones
que me hacen plenamente incompatible:
He militado en partido político y he participado, en
delegación, en las comisiones de Cultura y de Deportes, y he sido
representante sindical en un comité laboral por determinado sindicato.
¿Qué es lo que voy a proponer? Muy sencillo, intentaré
demostrar que ese bien, despreciado, de la “tercera edad”, es un bien que puede
ayudarnos a salir de la crisis y recuperar algo de la decencia y los valores
perdidos, en la medida que recuperemos lo que históricamente se ha llamado “consejo
de ancianos”.
La siguiente pregunta es: ¿se trata de un órgano nuevo que
añadir a los gastos generales del Estado, que ya está sobredimensionado y
preciso de recortes? No. Se trata de sustituir el derroche actual por un
novedoso sistema por el que los jubilados dispuestos a “asaltar el palacio de
invierno”, sean capaces de desempeñar los gastos públicos sin cobrar más
emolumentos que los que ya perciben como pensión y sin que sus gastos
inherentes al cargo les cuesten un duro. Lo explicaré: Un médico jubilado puede
ejercer de ministro, consejero, concejal, o lo que sea, de sanidad, de una
manera “gratuita” para el Estado, aportando su experiencia y conocimientos sin
más retribución que la pensión que ya cobra y los gastos derivados del
desempeño de su cargo. Lo mismo podríamos decir de periodistas, abogados,
gerentes y profesionales de cualquier género (esto viene a cuento porque,
precisamente hoy, el señor Basagoiti reprochaba a un oponente político su
carencia de titulación académica, como si la tenencia de cualquier título fuera
acompañada del sentido común, que no es, ni mucho menos, el más común de los
sentidos. Siempre se ha dicho que lo que natura no da, Salamanca no lo presta,
y estoy seguro que todos ustedes conocen a tontos de baba con título bajo el
brazo). Estos profesionales pueden tener mucha más capacidad de administración
y gestión de recursos (eso es el gobierno), que muchos insensatos que han
llevado a la ruina empresas y administraciones debidamente titulados. Todo esto
es extensivo a parlamentarios, senadores y demás representantes sociales.
Surge una nueva pregunta: ¿No es esto dejar el gobierno en
manos de los más potentados, de quienes tienen fortunas y se pueden permitir el
lujo de vivir de sus recursos; al fin y al cabo el hecho de dotar a estos
cargos de “sueldo” tenía como objeto que las “clases menos favorecidas”
accedieran a los cargos de representación sin pérdida del poder adquisitivo,
evitando dejarlo en manos de los “adinerados”. Seguro que ya se les han pasado
por la cabeza esos millonarios que se presentan a las elecciones de algunos países,
o esos otros que, aun teniendo un puesto de trabajo, generalmente en la propia
administración, se toman una excedencia laboral por motivos especiales, por la
que se “reservan” su puesto de trabajo (por el que se sigue cotizando) y se van
a desempeñar tareas de representación política, cargos de confianza de libre
designación, etc. En algunos casos el hecho de contribuir a dos regímenes
diferentes, hace que en la jubilación puedan cobrar dos pensiones compatibles. Lo
que quiero decir es que no es necesario que un abogado, médico, etc., con plaza
de funcionario en propiedad se vaya a ejercer un cargo político. Por otra
parte, son los partidos políticos quienes ejercen de avalistas adinerados de
estas personas, que se ven sometidas a la “disciplina del partido”, que es
quien ha puesto el dinero y los medios para auparles a estos cargos. Del tema
de los partidos políticos, actuales “palacios de invierno”, hablaré más
adelante.
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